Iruña-Veleia no es EL MAYOR ESCÁNDALO ARQUEOLÓGICO DE LA HISTORIA DE ESPAÑA (1)

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Antes de entrar al fondo del asunto que inspira este "post", quiero dejar bien claro que no voy a citar ningún nombre propio, que no proceda de una fuente pública legítima, al objeto de no comprometer ni por lo más lejano a esta web ni a su titular.

Y voy a hacerlo mordiéndome la lengua, pues bien sabe Dios (si existe un Dios lo suficientemente ocioso o idiota como para preocuparse de las miserias del género humano), que me encantaría adornar la historia que voy a narrar con los nombres y apellidos de todos sus protagonistas, aunque me costase una temporadita a la sombra por causa de la prepotencia y poder omnimodo de mi contraparte político-funcionarial de la más pura CASTA.

Aclaro, para el que no lo sepa, que el uso de la expresión "casta" no tiene nada que ver con mi presunta simpatía por un determinado partido político concreto. Aunque la expresión fue popularizada últimamente por PODEMOS, ya la empleaba CIUDADANOS hace bastante más de un lustro.

Es oportuno recordar, además, algunos párrafos de la Constitución Española de 1978 que amparan mi derecho a narrar públicamente los hechos que se reseñarán tras este breve preámbulo.
Así, el artículo 20 de la Constitución reconoce y protege los derechos a "expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", y "a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión".

Por su parte, el Art. 120 indica literalmente: "Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento".

Dicho lo dicho, y subrayando que todo el contenido de este "post" es de exclusiva responsabilidad de su autor, José Luis Vicente González (es decir, yo) pasemos a empezar a demostrar a los lectores por qué afirmamos que ha tenido lugar, recientemente, un ESCÁNDALO ARQUEOLÓGICO EN ESPAÑA que deja al "affaire" de Iruña-Veleia, que tantos ríos de tinta ha hecho derramar, en una pura anécdota.

Imaginen los lectores que la Consejería de Cultura y Turismo de una de las regiones o Comunidades Autónomas más ricas en patrimonio cultural de la Unión Europea, aunque muy poco boyante en población y recursos económicos, dedica la friolera de casi 500.000 € a contratar un estudio de la red viaria romana en su territorio, a pesar de tener monumentos de muchos siglos de antigüedad cayéndose a pedazos, y centenares de prometedores yacimientos arqueológicos de todas las épocas sin excavar por falta de presupuesto.

Imaginen, seguidamente, que la adjudicación de dicho estudio se hace a una universidad pública de la comunidad en cuestión, que sirve de pantalla a un presunto experto, carente de formación arqueológica reglada, funcionario de carrera en otra administración estatal, una de cuyas mayores virtudes pudo consistir en tener un hermanito, también funcionario de carrera, destinado en un puesto de confianza o libre designación y pluriempleado en la universidad adjudicataria.

Imaginen, también, que en el curso de dicho proyecto se suceden un sinfín de irregularidades, entre las que cabe citar: pagos realizados antes de efectuarse contrataciones sin entregarse contraprestación alguna por ellos, denuncias del SEPRONA por daños al patrimonio cultural, presuntos cobros irregulares y denuncias a la AEAT (Agencia Española de Administración Tributaria) no investigadas por los inspectores, investigadores "contratados" en precario, etc., etc., etc.

Sigan imaginando que los resultados del proyecto de investigación de marras son absolutamente mediocres y no aportan apenas ninguna novedad significativa desde el punto de vista científico, amén de estar plagados de errores y mentiras de bulto. Por poner un ejemplo al describir el trazado castellano-leonés de las vías romanas 18 y 19 del Itinerario de Antonino, según numeración de Don E. Saavedra, el autor yerra en en más del 80% del recorrido, como demostraremos irrefutablemente no tardando.

Imaginen, ya puestos, que el "último mono" en ser contratado como investigador del proyecto (este su humilde servidor), un Ingeniero Técnico Forestal, profesional en ejercicio libre, realiza, siguiendo una novedosa línea de investigación de su exclusivo desarrollo, un descubrimiento arqueológico de gran relevancia y trascendencia futura al iniciarse el último año de ejecución del proyecto.

Ya que estamos en pleno arrebato onírico, supongan los lectores del "post" que el Director del Proyecto de Investigación (nombrado por la universidad adjudicataria, no lo olviden), y el funcionario que supervisaba más directamente el proyecto, nada más y nada menos que el Jefe de sección de Investigación y Fomento del Patrimonio Histórico de la Dirección General de Patrimonio y Bienes Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León*, manifiestan un sorprendentemente extraño comportamiento, tras ser alertados del descubrimiento por el incauto investigador novel desde el propio terreno el mismo día del hallazgo.

CONTINUARÁ...

* Fuente pública: https://mastergestionpatrimoniosalamanca.files.wordpress.com/2011/07/cv_jesc3bas-marc3ada-del-val-recio.pdf

Fdo.: José Luis Vicente González.
Madrid, 15 de octubre de 2015.