Catalunya: un nido de Espías
El escándalo del espionaje político con epicentro en Cataluña y que salpica a dirigentes socialistas, de Convergència i Unió y del Partido Popular ha causado un especial resquemor en CiU. Por si los escándalos de corrupción que acechan a la federación nacionalista no hubieran enrarecido ya bastante el ambiente interno del partido de Artur Mas, la divulgación de informes sobre dirigentes de la formación, encargados presuntamente desde el interior del partido, han acabado de minar la moral interna. La reunión de la dirección del partido, celebrada ayer, visualizó las tensiones internas. El consejero Felip Puig se mostró dolido por haber aparecido entre la lista de espiados con el agravante de que su investigación podría haber sido ordenada desde el propio partido.
Peribáñez y Borreguero han admitido que grabaron "a instancias de sus jefes" la reunión en el restaurante La Camarga (Barcelona) entre Alicia Sánchez-Camacho, líder del PP catalán, y María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, hijo del presidente de Cataluña, al que acusó de haber participado en operaciones de evasión de capitales. Las detenciones han sido llevadas a cabo por agentes de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, por orden del Juzgado de Instrucción número 21 de la capital catalana.
La cúpula de Convergència abordó el asunto en una reunión de la dirección a primera hora de la mañana. Después se celebró una ejecutiva conjunta con Unió, el socio minoritario. El asunto de los espías se abordó en la primera reunión, en la que participó Felip Puig. Este lamentó amargamente las informaciones que apuntan a que la agencia de detectives Método 3 le investigó presuntamente por encargo de Xavier Martorell, secretario de Servicios Penitenciarios del Gobierno catalán y hombre de máxima confianza del consejero de Justicia, Germà Gordó. Fuentes de la dirección nacionalista aseguran que Puig dio cierta verosimilitud a la posibilidad de que el informe sobre él, elaborado hace tres años, fuera un encargo interno. Esto contrasta con la versión pública que el propio consejero ha dado públicamente hasta la fecha: “No me creo que nadie de Convergència haya encargado ningún informe sobre dirigentes del partido”, declaró en varios medios el pasado sábado.
Fuentes próximas a Felip Puig confirmaron que el consejero, que durante el espionaje era secretario general adjunto, lamentó ayer el episodio de los informes y de su seguimiento, pero que sus quejas se referían a la imagen que están dando los políticos catalanes en este asunto.
En cualquier caso, la implicación de varios dirigentes en este asunto obligó ayer a mover ficha a la dirección nacionalista. Tras la ejecutiva de CiU, el secretario general de la formación y portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, pidió la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sánz, ante la comisión de gastos reservados del Congreso para responder a sus sospechas de que hay una “guerra sucia” contra los nacionalistas catalanes. Concretamente, CiU quiere saber si realmente la agencia Método 3, epicentro de los seguimientos a políticos, ha trabajado en algún momento para el CNI. Duran considera que hay “un nexo” entre el espionaje sufrido por Jordi Pujol Ferrusola (el hijo del expresidente) en 2010 a cargo de Método 3 con la denuncia presentada ahora por la líder del PP Alicia Sánchez-Camacho y las filtraciones conocidas en plena campaña electoral catalana.
Además de pedir la comparecencia del director del CNI, CiU anunció acciones legales contra El Periódico, que publicó el presunto espionaje interno en el partido. Y hubo un tercer gesto, este de Artur Mas. El presidente catalán actualizó su declaración de patrimonio, en un intento de transmitir una imagen de transparencia tras los numerosos escándalos de corrupción que afectan a CiU, singularmente el que salpica a Oriol Pujol, secretario general del partido en el caso ITV. Los nacionalistas destacaron que en dos años al frente de la Generalitat, Mas ha reducido su patrimonio. De los 502.000 euros declarados en 2010 pasó en diciembre de 2012 a tener 470.000. Convergència publicó el viernes su contabilidad interna. Pero en el caso del partido, los años de crisis (2008-2011) le han reportado unas ganancias netas de 1,8 millones.
Borreguero ha declarado ante la policía que Sánchez-Camacho estaba al tanto de que se iba a realizar la grabación y que incluso se barajó que ella misma llevara la grabadora. Fuentes del entorno de Elisenda Villena avalaron esta declaración, a la que la ni policía ni el PP le han dado crédito, al considerarla una maniobra exculpatoria.
Según fuentes cercanas a Villena, la grabación se preparó el mismo día 7 de julio, con apenas unas horas de antelación al encuentro. El director de la agencia Método 3, Francisco Marco, dio indicaciones a algunos de sus empleados para disponerlo todo. Se barajó incluso la posibilidad de dar a la líder del PP catalán una grabadora, aunque esta opción se descartó porque podía ser comprometedora para ella. Al final se optó por instalar un micrófono oculto. Las mismas fuentes señalan que Sánchez-Camacho llegó antes a la mesa y que el centro de flores fue colocado frente a ella. Marco sabía, según las mismas fuentes, que para grabar una conversación de forma legal debía contar con, al menos, la autorización de una de las partes. Y así ocurrió en el encuentro de La Camarga.
Las detenciones se producen después de la cumbre policial celebrada en Madrid para abordar el caso del espionaje. El máximo jefe operativo de la Policía, Eugenio Pino, estuvo reunido durante la mañana del lunes por espacio de dos horas con el jefe superior de Cataluña, Agustín Castro, en la Dirección General de la Policía. El objetivo principal era hallar el método de recopilar los informes (originales y copias) para atajar un escándalo de espionaje al que el Ministerio del Interior ha dado máxima prioridad por la “alarma” que admiten que ha creado. Pino y Castro se reunieron después durante una media hora con Ignacio Cosidó, director general de la Policía.
Francisco Marco, detenido en su casa sobre las nueve de la noche, es el propietario de la agencia y el pasado viernes declaró ante la policía. Aseguró que la documentación en papel y digital había sido destruida y borrada para “proteger los derechos fundamentales de los investigados y de los clientes”. Pero ni uno solo de los policías consultados se lo creyó.
Julián Peribáñez, responsable de seguimientos y vigilancias de Método 3 en Barcelona, supuestamente fue la persona que se encargó de colocar micrófonos en el restaurante La Camarga, en el que se celebró la reunión entre la dirigente del PP catalán Alicia Sánchez-Camacho y María Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola. Esta ha declarado que acompañó al hijo del expresidente catalán a Andorra con mochilas cargadas de dinero y que incluso intentó participar con él en algunos negocios.
Elisenda Villena Barjau, de 51 años, criminóloga y que fue directora de Seguridad de Método 3, había reconocido haber hecho trabajos de seguridad en la sede del PSC, como barridos para detectar escuchas ilegales. Pero Villena niega ser la responsable de la grabación del encuentro entre la líder del PP en Cataluña y Victoria Álvarez.
La detective, que acumula más de 30 años de experiencia como investigadora privada, considera improbable que Francisco Marco decidiera grabar la reunión sin el consentimiento de una de las dos partes. Villena ignora si el Partit dels Socialistes (PSC), a través de su exsecretario de organización, José Zaragoza, encargó seguir la comida. Pero se muestra escéptica sobre esa posibilidad. Admite que ella misma realizó otros trabajos para el PSC; en concreto, dos barridos informáticos en la sede de la calle de Nicaragua de Barcelona. El nexo entre el partido y la agencia fue la hermana de la detective, Ana Villena, miembro del área de justicia del PSC.
Elisenda Villena trabajó en la agencia de 2006 a mayo de 2012, cuando abandonó su responsabilidad como directora de la agencia por diferencias con Marco y otros directivos. Según su versión, el polémico propietario de Método 3 le adeuda varios miles de euros de sueldo y por ese motivo ha presentado una demanda contra él y contra la agencia de detectives. Las investigaciones sobre políticos, de las que Marco se encargaba personalmente, se limitaban por lo general a informes patrimoniales con la ayuda de bases de datos. Villena está imputada por pedir datos en la operación Pitiusa, sobre tráfico ilícito de datos a gran escala en España.
Por su lado, Antonio Tamarit, que ha prestado declaración la noche del lunes ante la policía, ha aportado mucha información importante para el caso, según algunas fuentes. Marco, director de la agencia, subrayó que Tamarit, que dirigió la oficina de la agencia en Madrid y al que había despedido, le había amenazado con difundir información de la agencia, incluso falsa, si no le abonaba 200.000 euros.
Interior quiere sacar del mercado los supuestos informes sobre el espionaje político en Cataluña para evitar un goteo de informaciones sensibles y noticias escandalosas que podrían figurar en los papeles de Método 3. La policía sabe que circula para la puja un listado de personalidades que han estado bajo la lupa de los detectives. La cuestión a averiguar ahora es quiénes tienen esos informes y dónde. Anoche la policía no disponía de los informes.
Interior pretende explorar la vía de una posible sanción a la agencia de detectives por la filtración de los informes que tenían que haber quedado en el terreno de la estricta confidencialidad entre cliente e investigado. La ley no es hoy día precisa sobre qué se hace con los trabajos de agencias de detectives, y menos si la empresa cierra. El espionaje “es un delito y los delitos los persigue la Policía, pero bajo órdenes de jueces y fiscales”, aseguró este lunes Cosidó tras un debate sobre seguridad en el Club Siglo XXI. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, afirmó que tras este escándalo “hay aparentemente delitos tipificados en el Código Penal” que se investigarán siempre bajo el control de los jueces y fiscales.
El artículo 197 del Código Penal invocado para las detenciones (revelación o descubrimiento de secretos) está castigado con penas que pueden ir, según los casos, de los dos a los siete años de prisión, especialmente si la difusión de los secretos obtenidos ilícitamente se ejecuta con fines lucrativos.
Vía: www.elpais.com
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